El Gobierno y la PDI concretaron esta mañana la expulsión de 77 ciudadanos bolivianos y peruanos condenados por distintos delitos en Chile y que contaban con una orden de expulsión judicial, la cual se hará a sus países de origen vía terrestre. Este es el cuarto operativo de este tipo ejecutado desde que el Presidente Sebastián Piñera asumió en el cargo, fijando como proyección del plan de política migratoria el expulsar a 2.000 extranjeros infractores de ley. Hasta el momento, se han concretado 1.187, confirmó Interior.
En esta oportunidad son 69 bolivianos y ocho peruanos, quienes en su mayoría cometieron delitos contemplados en la Ley de Drogas, mientras hay un por violación de una menor de 12 años en 2013.
Desde Santiago salieron dos buses con 26 detenidos, mientras que otros se incorporarán en Illapel y Antofagasta. Desde Iquique saldrá otro bus paralelamente. Por su parte, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refirió a las críticas que han surgido en torno a esta medida.
"Creo que la gran mayoría de los chilenos considera que esto no es un circo, sobre todo la justicia (..) Creo que ponerlo en nivel de circo no es respetar los derechos humanos de las propias personas y no entender nada, minimizan el efecto que tiene un país que tiene una política migratoria ordenada".
Y agregó: "Las cosas no se hacen ocultas porque no estamos infringiendo la ley. Lo que me llama la atención que llegamos al extremo que algunos de estos grupos que levantan estos temas ya son absolutamente rebuscados en cuanto no encuentran una crítica objetiva para hacer una denuncia formal en las instancias que correspondan".
Ubilla también estimó que más del 95% de los expulsados hasta el momento tenían una orden judicial tras ser condenados en nuestro país, y ya un porcentaje menor fue por otras razones, como administrativas.
En tanto, el prefecto inspector Víctor Nakada, jefe nacional de Extranjería de la PDI explicó que "generalmente siempre van dos oficiales policiales o funcionarios de la PDI por cada detenido, más personal de apoyo en el transcurso e inspeccionando los buses van vehículos policiales".
Así también aseguró que hasta el momento no ha habido ningún intento de fuga. Nakada añadió que en estos procedimientos "hay coordinación con los consulados, con las policías y con las migraciones de cada país con la finalidad que sea expedito y para que en un momento determinado, si hay personas con cuentas pendientes o antecedentes en su país, ellos sepan y puedan recibirlo para darle curso a todas las causas judiciales que tengan pendiente".
En esta oportunidad se optó por un salida terrestre, debido a que los países de origen de los ciudadanos en cuestión son limítrofes con Chile, además del menor costo que esto implica. La última operación significó 11 millones 500 mil pesos, los cuales fueron financiados con el presupuesto de Interior. De haberse realizado vía aérea, el monto habría sido al menos tres veces mayor.
Fuente: Emol.com
