Con fecha del 4 de mayo del
año en curso, la Fiscalía regional de O’Higgins instruyó a la Brigada de
Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rancagua a realizar una serie de
diligencias en la municipalidad de Doñihue, en el marco de una investigación en
contra de la concejal Pabla Ponce Valle, por el presunto delito de
falsificación o uso malicioso de documentación pública.
Lo anterior, de acuerdo a
documentos a los que accedió diario El Tipógrafo de la sexta Región, la concejal Ponce habría
presentado un informe familiar socioeconómico donde el ingreso conjunto no
supera los 105 mil pesos mensuales, lo que significa que su hogar se encuentra
entre el 41% y el 50% más vulnerable del país, lo que la hace susceptible de
ayudas estatales.
Lo informado por Pabla Ponce
no concuerda con lo consignado en el portal de transparencia de la
municipalidad, donde se especifica que en el mes de febrero del 2020, la
concejal percibió una renta de $771.502 y en el mes de enero, recibió un millón 142 pesos. La solicitud de la Fiscalía a la PDI
estipula que se debe “tomar declaración a testigos en relación a los hechos
investigados, debiendo precisar el o los hechos concretos de la denuncia”,
además de “empadronar y tomar declaración a posibles testigos de los hechos”,
así como “oficiar, para así poder obtener del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia una copia actualizada del Registro Social de la imputada”.
Detalla también que se debe
“apercibir -según lo indicado en el articulo 26 CPP- a la imputada dándole a
conocer sus derechos, debiendo dejarse constancia de aquello en las actas
respectivas». De acuerdo al documento
judicial, tras las diligencias, se debe “hacer entrega de toda la documentación
relativa al pago de honorarios, rentas, remuneraciones, dietas, etc, que
perciba o pudo haber percibido doña Pabla Alejandra Ponce Valle (…) la cual se
requiere en relación a la instrucción particular existente”.
Sobre la investigación que
pesa sobre la concejal fue consultado el alcalde de Doñihue, Boris Acuña, quien
fue claro en señalar que “todos estos hechos irregulares se deben investigar y
sobre todo darle una explicación a la ciudadanía que permanentemente viene a
los municipios a saber de su grado de vulnerabilidad (…) a aquellas mujeres
jefa de hogar que permanentemente están viniendo a ver su puntaje y de su grado
de vulnerabilidad”.
“Estoy al tanto de que
efectivamente ella tenía un grado de vulnerabilidad que se podía cuestionar,
por lo tanto, eso hay investigarlo”, reitera la autoridad comunal.
En cuanto a las diligencias
que fueron ordenadas en el municipio que lidera, el alcalde asegura que
“estamos cooperando con la investigación (…) nosotros estamos entregando toda
la información respecto a los recursos que han salido desde la municipalidad
hacia la concejal Pabla Ponce”.
Por Danya Ríos
