Si analizamos a modo de sociedad, queda
mucho para erradicar la desigualdad en nuestro país, en donde la salud y
educación (que es donde más se aprecia) sean un derecho adquirido y de calidad.
Pero ¿imaginan cuánto falta para que estos derechos cumplan las mismas
características para las personas con discapacidad (PcD)?
En Chile, la inclusión tiene un carácter voluntario,
estrategia que según Blanco (citado en Avendaño & Díaz, 2014) produce
algunos problemas: solo es adecuado para asegurar una actitud favorable de la
comunidad escolar para acoger a los niños y jóvenes con discapacidad, pero
tiene la desventaja de que no todos los establecimientos están “obligados” a
incluir a personas con discapacidad, limitando así sus oportunidades de
desarrollarse plenamente.
Lo mencionado, es solo uno de los tantos ejemplos que demuestran
que aún estamos lejos de entender o lograr la inclusión de personas con
discapacidad en nuestro país. La inclusión aún la entendemos como sinónimo de
solidaridad mezclada con un componente de emotividad, esto en gran medida –y a
mi juicio- se observa en cómo es vista la inclusión en diferentes medios de
comunicación.
En el año 2016, el pesista paralímpico Juan Carlos
Garrido señaló en una entrevista que no estaba de acuerdo con la emisión
televisiva de Teletón, declarando que “Se
utiliza mucho el tema de dar pena”, esto para lograr recaudar los fondos
que la institución necesita para seguir funcionando durante un año. En ese
sentido, se debe partir por declarar que la rehabilitación de las personas con
discapacidad no debería depender del aporte de empresas o de los miles de
chilenos que van a depositar al banco durante la Teletón, sino que debería ser
una política pública financiada por recursos estatales, que asegurara el
tratamiento para cualquier persona en el mismo instante que nace o adquiere la
discapacidad.
Pero no es solo en el ámbito de rehabilitación de las
personas con discapacidad que aún nos queda mucho por avanzar, este tema
trasciende a salud, educación, infraestructura, recreación y otros, afectando
directa e inevitablemente la calidad de vida (CDV) de este colectivo, además de
ver vulnerados sus derechos.
Se debe impulsar la participación de las PcD en la
sociedad a través de la creación de políticas públicas que incentiven el
conocimiento de toda la población en temas de discapacidad, así también se
contribuiría a generar una cultura inclusiva en el país.
También nos falta trabajar en el acceso en igualdad de
condiciones en los diferentes ámbitos de la sociedad, como lo son el trabajo,
la educación, las actividades de esparcimiento o el ejercicio de sus derechos,
ya que las PcD muchas veces dependen de la voluntad de algunas personas, tanto
en lo político como en lo social, para poder acceder, por ejemplo, al currículo
común en una escuela, o a los servicios de esparcimiento de un centro
comercial, o poder encontrar un trabajo en condiciones dignas y con igualdad
salarial, siendo que desde el año 2010 existe una ley que asegura su
inclusión.
La realización del II Estudio Nacional de Discapacidad
(ENDISC II) en el año 2015, no vino más que a confirmar la desigualdad que
viven las personas con discapacidad, y con esto se reafirma la hipótesis de que
no presentan un buen índice de CDV. Por todo esto, urge que desde las
diferentes áreas involucradas se tomen acciones que busquen mejorar la CDV, que
es un derecho que todos los seres humanos tienen: el sentir que viven
plenamente y que son parte activa de la sociedad.
